Que una persona reciba un salario por su trabajo en la iglesia no es un privilegio cuestionable, sino una realidad respaldada por la lógica misma de la Escritura. Así como nadie espera que un soldado financie su propio ejército, ni que un pastor de ovejas cuide el rebaño sin beber de su leche, tampoco es razonable exigirle a quienes sirven de manera exclusiva en el ministerio que lo hagan sin ningún tipo de sostenimiento. El trabajo ministerial a tiempo completo —ya sea pastoral, administrativo o de otra índole— demanda una dedicación que no puede coexistir con la angustia de necesidades económicas sin cubrir.
La Escritura establece con claridad que quienes predican y enseñan la Palabra son dignos de doble honor, y el contexto en el que Pablo lo dice no deja lugar a ambigüedades: se trata de remuneración económica. Pero entre ese sostenimiento justo y el enriquecimiento desmedido hay una línea que la iglesia debe cuidar. El salario del pastor no debería ser tan distante del promedio de su congregación que resulte estridente, ni tampoco tan escaso que lo fuerce a dividir su atención entre el ministerio y sobrevivir. Idealmente, debe ser determinado por un grupo de hermanos de confianza, no por el propio pastor, para evitar el conflicto de interés.
Cuando la iglesia no cuenta con recursos suficientes, la opción bíblica es el ministerio bivocacional, como lo practicó el propio Pablo. Pero eso no exime a la congregación de crecer en su responsabilidad hacia quienes la alimentan espiritualmente. Una iglesia madura entiende que sostener a sus líderes no es un gasto, sino una expresión coherente de los valores que proclama.
